La absolución de Menem, Río Tercero, la bronca, un epílogo inconcluso y las esquirlas

Análisis 06/10/2018 Por
La absolución del expresidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas, ligada a lo sucedido en 1995, en la Fábrica Militar de Río Tercero, generó bronca, no solamente en la ciudad que fue víctima de un bombardeo, sin conocer que enfrentaba a un enemigo que disparaba oculto desde las sombras de la corrupción. Es más, nunca imaginó que sería la víctima de un complejo entramado internacional...
Justicia Explosiones

El epílogo, es la parte final de una obra literaria, el cierre de un libro. En Río Tercero, cuando se publicó "Esquirlas de Noviembre", en 2011, cuyo autor es quien escribe, se indicaba que lo sucedido en 1995, tenía un epílogo eternamente inconcluso. Y cerraba: "(...) las esquirlas siguen lastimando".

Transcurrieron casi 23 años desde aquel hecho que se llevó la vida de siete vecinas y vecinos, ocasionó heridas a más de 300 personas, además de cuantiosos daños materiales. Pero, además, provocó heridas que no se percibían a simple vista. Eran y son, las que se llevan en el alma, internamente. Y todavía perduran.

En todo caso, las heridas no se cerraron, se disimularon. La única manera, por lo menos, de darle unos puntos de sutura a esa herida moral en la ciudad, hubiera sido una Justicia expeditiva, más allá de las estrategias defensivas. Eso no sucedió.

La Justicia se condenó a sí misma

La Justicia se condenó a sí misma, en todo caso, acudiendo al principio jurídico del "plazo razonable", según el fallo de una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal. Dijo, de alguna manera, que el tiempo transcurrido fue excesivo, paradójicamente el mismo tiempo que se tomó la propia Justicia.

Según lo señala el Profesor de Derecho Constitucional, UBA y UNLPam, Andrés Gil Domínguez, en una columna publicada en Perfil, bajo el título Una aplicación irrazonable de la garantía del plazo razonable, El argumento mayoritario por el cual la jueza Catucci y el juez Riggi decidieron dar por finalizada la persecución penal del ex presidente fue aplicar la garantía del plazo razonable prevista por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en el art. 8 expresa que: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial. 

¿Esta garantía se aplica de manera automática? ¿El solo paso del tiempo hace que el plazo razonable impida juzgar penalmente a una persona? Definitivamente no. Desde los primeros fallos que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos como último intérprete de la Convención Americana sostuvo que es necesario evaluar contextualmente tres elementos que habilitarían la aplicación del plazo razonable: la complejidad del caso, la conducta procesal de las partes y el comportamiento de las autoridades judiciales en la dirección del proceso judicial. En otras palabras, si el caso es muy complejo, si las partes inhiben o retrasan injustificadamente el juicio o si los jueces cumplen regularmente con las normas procesales, el mero paso del tiempo no justifica la aplicación del plazo razonable (...)

En el camino que va desde la garantía en forma abstracta hasta las circunstancias particulares que rodean el caso, es donde la sentencia de la Cámara de Casación se vuelve irrazonable al no exponer argumentos que justifiquen que el caso no era complejo, que las partes más allá del ejercicio del derecho de defensa no dilataron los plazos y que quienes condujeron el proceso no cumplieron con sus obligaciones como jueces. Es más; si la aplicación del plazo razonable estuviera justificada algunos o todos los jueces que intervinieron son pasibles de tener que responder política y penalmente por la ineficacia evidente en la conducción del proceso judicial. 

La sensación

La sensación, más allá de los tecnicismos jurídicos, en la sociedad, y especialmente en la riotercerense, que fue la damnificada directa por aquel hecho, ya ni siquiera es de desilusión o impotencia. Es sencillamente bronca. 

Eso se puede percibir en las calles, en las redes sociales, en las mesas de café. Todos reclaman que el último recurso que tiene el ciudadano al que asirse, para defender sus derechos constitucionales, no le brindó respuestas en 23 años. Y, esa sociedad, está casi convencida, que eso tampoco sucederá en el devenir. 

En 2017, otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal había condenado a 7 años y medio a Carlos Menem y a otros exfuncionarios, por el contrabando ilegal de armamentos a Croacia y Ecuador.

Aquel tribunal estaba integrado por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño. La defensa apeló ante la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal devolvió la causa a la Cámara de Casación pero fue a otra sala, que ahora, decidió aplicar el principio jurídico con el que se benefició no solo el expresidente, sino el resto de los condenados.

Dos causas y un juicio

Debe aclararse, por cierto, que la causa por el contrabando de armamentos, no es la misma que la de Río Tercero, pero están íntimamente relacionadas.

En la primera se situó a la Fábrica Militar Río Tercero, como el centro operativo del contrabando. Allí se preparaban proyectiles y cañones, se los "maquillaba", para ser vendidos de manera ilegal a Croacia y Ecuador.

En la segunda, con un juicio, el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, concluyó que lo sucedido en Río Tercero, había sido un hecho intencional para borrar el faltante de proyectiles, producto de aquella maniobra.

El expresidente, no sería uno de los acusados. Se encontraba beneficiado con una falta de mérito, por lo que solamente fueron juzgados cuatro militares que cumplen hoy sentencia por "estrago doloso agravado por la muerte de personas".

La defensa de Menem, cuando era procesado en 2013 por el juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa, había apelado. La misma Cámara Federal de Córdoba, que hizo lugar a aquella apelación, con otra composición, en la ciclotomia judicial de esta causa, dejaría en firme, cinco años después, el procesamiento. 

Esa decisión, dejaría abierta la ventana para que se desarrollara un segundo juicio por el atentado a la industria, pero ya con Menem, sentado ante el tribunal.

Ahora, el fallo de Casación, coloca en duda si un segundo juicio, será posible.

No lo plantea el columnista. Lo hizo uno de los abogados de la querella.

Un contexto y un modelo

Los fiscales que pidieron la elevación a juicio por la voladura de la Fábrica Militar consideraron que la década del '90, se había caracterizado por la adhesión irrestricta de los gobiernos (de Latinoamérica), salvo excepciones, a los lineamientos del Consenso de Whasington. 

Además, apuntaban, en un repaso, al plan económico de desregulación y privatizaciones de las empresas del Estado. Una de ellas, era la Fábrica Militar.

La industria estatal sería utilizada, como la base de un complejo entramado internacional. Tanto la fábrica como la ciudad, serían las víctimas tanto de la venta ilegal de armamentos como de la voladura.

La industria, si bien había sido creada para dotar al país de elementos para la defensa nacional, se caracterizó, y aún lo hace, por su capacidad para elaborar otros, de uso civil, como vagones ferroviarios, por ejemplo.

Los artefactos para la defensa, en tanto, se utilizaron, paradójicamente, en un negociado internacional, despojando inclusive a los arsenales del Ejército Argentino, para atentar, finalmente, contra una desprotegida comunidad que, en todo caso, debía ser defendida de una agresión externa, como cualquier lugar del país. 

Como si la voladura de la industria no hubiera sido suficiente, como un golpe en el contexto del desmantelamiento de la planta, con una reducción progresiva de su personal, el gobierno le aplicaría en 1996 otra bofetada a la fábrica y a la comunidad en la que se encuentra: 424 despidos bajo el calificativo de "reconversión laboral". 

Con los años, muchos en la ciudad, aunque no todos, comprendieron que la fábrica no había sido la victimaria, sino también la víctima de un modelo que no solo intentó desmembrarla y debía ser defendida, por lo que representaba históricamente para la comunidad, económicamente y emocionalmente.

Las últimas noticias, tanto en la industria, con respecto a su personal, como con lo que pasó judicialmente, no fueron las mejores. A los despidos de diciembre y agosto, se sumó un fallo que golpea nuevamente a las y los riotercerenses. Es bronca que se exterioriza. La impunidad ya no es solo un fantasma.

Esquirlas que continúan lastimando

Como está señalado, el epílogo de esta historia continúa siendo inconcluso.

Las millones de esquirlas que volaron sobre Río Tercero en 1995 y que con el paso de los años se reconvirtieron en falta de respuestas, continúan aún lastimando. 

Una de esas esquirlas fue, precisamente, el último fallo de la Justicia.

Fabián Menichetti

Locutor M.P 7724 - Periodista - Editor de Revista Tercer Río y Tercer Río Noticias. Director periodístico Mestiza Rock - Autor de los libros: Noviembre (1997) y Esquirlas de Noviembre (2011)

Te puede interesar