Indemnizaciones: ley, reglamentación, proyecto, borrador y el mensajero

Análisis 07 de marzo de 2018 Por Fabián Menichetti
La causa, en este caso civil, por lo sucedido en 1995 en la ciudad, sumó un nuevo capítulo: el de la reglamentación, aún en espera, de la ley aprobada y promulgada en 2015. Un informe periodístico sacudió todo. Fue la puerta de entrada o de salida, según como se lo quiera apreciar, para que ley que establece montos de reparación para quienes iniciaron demandas y renunciaron a las mismas, cuente con el compromiso oficial de ser reglamentada...
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Una historia tan extensa como complicada es la causa por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero en noviembre de 1995, hecho determinado por la Justicia como intencional, o sea "un atentado".

En otra columna, se presentó a modo de crónica esa historia, la penal, en un ahora con puntos suspensivos...

En la misma situación, se encuentra la civil, por lo menos hasta que sea reglamentada la ley y entre en vigencia, esto es, que quienes demandaron al Estado (que no es un gobierno solamente) por daños morales y psicológicos adhiriéndose a la norma, renunciando a su acción civil, cobren sus resarcimientos.

Las últimas dos semanas conformaron, en esta eterna causa (en esta caso civil), un capítulo destacado.

Desde hace tiempo, luego de aprobada, sancionada y promulgada la ley, en el año 2015, asumida la nueva gestión nacional, se está reclamando su reglamentación.

Debe recordarse, que en 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se acordó un arreglo extrajudicial entre el Estado, representado por el entonces interventor de la DGFM, Arturo Puricelli, y el abogado Mario Ponce, patrocinante de unos 12 mil riotercerenses por daño moral y psicológico.

El acuerdo, en una audiencia de conciliación, era que los demandantes suspendían sus acciones en contra del Estado Nacional, bajo la condición de que se elaborara una ley de reparación.

En 2008, en una visita a la Fábrica Militar Río Tercero, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, anunció que se elevaría el proyecto al Congreso.

En 2009, la iniciativa se encontraba ya en la Cámara de Diputados.

¿Qué sucedió en aquel momento? Desde la denominada "Comisión de Damnificados" se indicaba que el proyecto requería de modificaciones, para que los montos no se desactualizaran.

El abogado Ponce viajó y se reunió con los diputados planteando dicha situación.

A algunos, como también está expresado en otra columna, tuvo que explicarles qué había sucedido en Río Tercero, en 1995, porque "no lo recordaban muy bien". 

Desde el kirchnerismo, se argumentaría, luego de una reunión con Ponce en 2012, que al ser presentado el proyecto en Diputados, no se había podido avanzar, por el denominado "grupo A",  con mayoría en las comisiones legislativas.

Se prometió que el proyecto se trataría en 2013. La iniciativa durmió bastante tiempo en la cámara baja. 

La ley, se elaboró con el mismo concepto de reparación, que otras normas que se aprobaron, sancionaron, promulgaron y reglamentaron, como fue el caso del atentado a la AMIA y la represión de 2001.

La ley que contempla indemnizar con montos propuestos por el Estado bajo el concepto de adhesión voluntaria (suspender y desistir de la acción civil) para Río Tercero, tuvo más tiempo de espera. 

Aún hoy espera. Quienes no renunciaron a sus demandas, sentencias judiciales mediante, especialmente por daños físicos y, en algunos casos morales, fueron cobrando. 

En julio de 2014, a instancias del diputado oficialista Eduardo "Wado" de Pedro, finalmente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fueron 179 los legisladores que votaron en afirmativo.

Debió pasar más de un año, para que en septiembre de 2015, la cámara alta la aprobara también por unanimidad y se sancionara finalmente dicha ley. 

Luego fue promulgada por el Ejecutivo, entonces a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

Restaba la reglamentación, para que la norma entrara en vigencia, ergo, para que quienes adhirieron a la misma pudieran cobrar en bonos del Estado.

Ese paso era lo que debía y debe realizar la nueva gestión.

Mauricio Macri ganó por un amplio margen en Río Tercero como en toda Córdoba.

Para muchos, la reglamentación sería cuestión de meses. No fue así.

Ponce, ante la demora, presentó un amparo en la Justicia Federal de Río Cuarto.

El juez Carlos Ochoa hizo lugar a la presentación y le otorgó 60 días al Gobierno para reglamentar la ley.

El Estado, a través de sus letrados, apeló, una Cámara de Apelaciones, falló como Ochoa y lo mismo consideró la Corte Suprema de Justicia.

Nuevamente el juez riocuartense intimó al Ejecutivo a reglamentar dicha norma.

Hace dos semanas, un informe periodístico publicado en La Nueva Mañana de Córdoba, narrando paso a paso el peregrinar del proyecto y la posterior ley, escrito por el periodista Gastón Gracia Daponte, develó que ante la intimación de la Justicia, existía un "proyecto de decreto" que establecía el concepto de "causa vigente".

Se consideraba en la reglamentación que quienes se beneficiaran con dicha ley, debían tener sus causas activas hasta seis meses antes de la sanción de la norma.

En concreto: quienes habían suspendido por aquel acuerdo de 2007 entre el Estado y Ponce, sus demandas, no podían beneficiarse con la ley. 

Dicho informe generó reacciones tanto en la Provincia como en la Nación.

Hasta el gobernador Juan Schiaretti calificó de "injusto" lo conocido y los bloques de la Legislatura Provincial, terminaron consensuando un proyecto en el que le solicitaban al Ejecutivo que reviera esa medida.

Rápidamente, desde el Directorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, se salió a aclarar en otro medio de la capital provincial, La Voz del Interior, que no se trataba de un "proyecto de decreto", sino de un "borrador" que se había filtrado y había tomado estado público, pero que el espíritu del actual Gobierno era respetar en su reglamentación lo que señala la letra de la ley.

En declaraciones periodísticas, la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, en diálogo con el colega Pedro Figueroa, en su espacio Derecho Y Revés Radio, señalaba que se le había mentido a los riotercerenses cuando se les prometió que se les pagaría, si renunciaban a sus demandas civiles.

Debe recordarse que la ley no fue votada solo por el oficialismo de entonces, sino por la oposición, en la que se encuentra precisamente hoy, como oficialismo gobernante, la actual senadora. 

Un concepto, que debe recordarse, es que el Estado trasciende a los gobiernos.

Como sea, lo que parecía que sucedería, por ahora no sucedió: el Gobierno prometió que reglamentará la ley. 

Sobre si era un "borrador" que se filtró o un "proyecto de decreto", la legisladora de Unión por Córdoba, María Laura Labat, manifestó en una entrevista con quien escribe, que era lo segundo y que se podía encontrar en el expediente judicial, público en Internet. "Es improvisación o 'si pasa, pasa'", expresó Labat.

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Esta semana, de visita en la ciudad, el legislador del interbloque Cambiemos, Adolfo Somoza, en una conferencia de prensa, brindó detalles de una reunión que mantuvo el lunes con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el responsable de Asuntos Jurídicos de esa cartera, el abogado Juan Mocoroa.

Somoza

Dijo que le señalaron que no existió un "proyecto de decreto" que cambiaba el espíritu de la ley, sino un "borrador", asegurándole, además, que se pagará a quienes demandaron al Estado.

Un nuevo capítulo ¿se cierra? en esta historia.

Por lo pronto debe aguardarse que efectivamente, se cumpla con la reglamentación.

Somoza, indicó que el ministro de Defensa le señaló que el decreto ya está en el área Jurídica y están de acuerdo con el mismo tanto en la Jefatura de Gabinete como en la presidencia.

Ahora, bien, si era un "proyecto de decreto" o "un borrador" que se filtró, dicen que por una equivocación, si el colega Gracia Daponte, no hubiera publicado ese informe, es necesario, una obligación, interrogarse: ¿cómo se hubiera reglamentado la ley?

Hoy, existe una promesa oficial de que se reglamentará la norma respetando el espíritu de la misma. 

Eso es lo que muchos, miles esperan. La ley, por si acaso, debe recordarse, no solo contempla daños morales y psicológicos, sino también materiales, lesiones graves, gravísimas, y muertes.

"Matar al mensajero" es una frase, antigua por cierto, a modo de metáfora, cuando se culpa a una persona por difundir malas noticias.

Hoy se utiliza cuando se culpa a los medios de difundirlas sobre una causa, persona u organización. 

Gracia Daponte, en ese sentido, puede quedarse tranquilo. 

Fabián Menichetti

Locutor M.P 7724 - Periodista - Editor Tercer Río Noticias. Director periodístico Mestiza Rock - Autor de los libros: Noviembre (1997) y Esquirlas de Noviembre (2011)

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