Brouwer de Koning fue recibida en el Ministerio de Defensa

La diputada Gabriela Brouwer de Koning, fue recibida el jueves en el Ministerio de Defensa. Reclamó que se cumpla con la reparación para Río Tercero.
Brouwer de Koning
La diputada Brower de Koning, fue recibida en el Ministerio de Defensa

La diputada nacional, Gabriela Brouwer de Koning, se reunió en Buenos Aires, con funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación. El objetivo: plantear diferentes temas relacionados con la ciudad de Río Tercero y la reactivación de la Fábrica Militar.

En el encuentro, la diputada oriunda de la ciudad, planteó que se cumpla con la reparación del Estado que viene reclamando Río Tercero por el atentado ocurrido en noviembre de 1995.

Ya la legisladora había anticipado la solicitud de un encuentro en la cartera de Defensa. Brouwer de Koning, fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Héctor S. Mazzei. Además estuvo el equipo abocado al tema "indemnizaciones" por lo sucedido en noviembre de 1995.

Brouwer de Koning - Mazzei
La diputada, Brouwer de Koning, se reunió con el jefe de Gabinete de Defensa, Héctor Mazzei (Foto: Prensa Brouwer de Koning)
La diputada riotercerense planteó tres temas, según informó, "sobre los cuales la ciudad de Río Tercero necesita una solución inmediata por parte del Estado Nacional: la escrituración de las viviendas de más de 300 familias en Barrio El Libertador, la reactivación definitiva de la Fábrica Militar y el pago de las indemnizaciones pendientes a los damnificados por las explosiones en el año 1995".

Escrituración

Sobre la escrituración de los terrenos de Barrio El Libertador, tras más de 20 años de espera por parte de los propietarios de las viviendas.

En ese sentido indicó que Mazzei "se comprometió a trabajar con al área de asuntos jurídicos de Fábrica Militar y al representante de la Cooperativa Bel, para en conjunto analizar el expediente y proceder al trámite administrativo de escrituración frente a la Agencia de Administración de los Bienes Públicos del Estado".

Reactivación de Fábrica Militar

Sobre la reactivación de la Fábrica Militar -indica un texto enviado a este medio-  "que es emblema para Río Tercero y para la industria nacional", la diputada "le solicitó al jefe de gabinete la posibilidad de generar una mesa de integración pública - privada que lleve adelante proyectos productivos".

Recuerda que "el sector metalmecánico de Fábrica Militar tiene capacidad instalada para desarrollar insumos para el sector petrolero o metalmecánico". En ese sentido recordó que existe "predisposición de cámaras empresariales para trabajar en conjunto con el Estado".

De acuerdo a lo informado, Mazzei "se comprometió a analizar el pedido con el Ministro Jorge Taiana y dar una respuesta".

Desde las autoridades fabriles, se viene señalando que existe una importante reactivación de la industria estatal, especialmente en el área química, mientras se avanza en la reparación de vagones ferroviarios en el área mecánica, al aguardo de que se concreten otros proyectos que están en carpeta.

De hecho, eso, anunciaron recientemente, ha permitido que se pudiera reincorporar a más de 30 trabajadores de los 100 que fueron despedidos entre los años 2017 y 2018. Además se ha incorporado a nuevo personal especializado en diferentes áreas.

Consultada por este medio, la diputada, indicó que la posibilidad de proyectos en una articulación "pública-privada, permitirá potenciar la producción, logrando que se transforme en esa fuente laboral, al igual sucedió en sus mejores momentos, como la industria madre de la ciudad".

Ley por las indemnizaciones

En el comunicado enviado a los medios, se indica que "frente al incumplimiento de pago que afecta a más de diez mil ciudadanos que sufrieron daños morales y psicológicos, producto de un atentado atroz perpetrado por el mismo Estado, la legisladora por Córdoba reiteró los reclamos vertidos semanas atrás en ocasión de presentar un Proyecto para acelerar los pagos de las indemnizaciones a las víctimas, previstas en la Ley 27.179"

Dicha norma, fue aprobada en 2015, a instancias del entonces diputado nacional "Wado" de Pedro" (hoy ministro del Interior). Resultó promulgada por el Ejecutivo antes del cierre de ese año, y reglamentada en la posterior gestión tres años después, en 2018. Si bien se han efectuado algunos pagos, queda pendiente resarcir a un universo de demandantes, que cesaron en su reclamo judicial para adherir a la norma, superior a las 10 mil personas.

Recientemente, en una conferencia de prensa, el abogado Mario Ponce, patrocinante de miles de personas, junto al intendente, Marcos Ferrer, y Brouwer de Koning, reclamaron en una conferencia de prensa, que inclusive con una resolución judicial que intima al Estado a abonar al Estado Nacional, eso no sucede.

La legisladora, luego del reciente encuentro, comentó: “Vinimos, nuevamente, a contar de primera mano y cara a cara, el hartazgo y el sufrimiento de una ciudad entera, que a través de los años no solo no baja los brazos, sino que cada vez pelea más fuerte”.

Agregó que ahora se hizo “directamente al Ministerio de Defensa, pero lo haremos en todas las instancias y frente a todos los estamentos. Seré la voz de mi ciudad hasta que cumplan”. Dijo que si bien fue escuchada por Mazzei, las trabas con las que justifican las demoras, no pueden seguir existiendo. “El Jefe de Gabinete y su equipo, nos expusieron las dificultades que afrontan para avanzar con la solución definitiva”, dijo.

Consultada acerca de los organismos y entidades en donde encuentran “cuellos de botella” para avanzar, se nombraron a la SIGEN y el Ministerio de Economía. "Pero no vamos a frenar hasta que Río Tercero tenga su reparación histórica. Ya estamos con las respectivas audiencias en agenda para destrabar lo que haya que destrabar y que no oculten más esta deuda económica, política y moral.” cerró Brouwer.

En una reciente entrevista con este medio, había señalado en ocasión de presentar un proyecto de ley de declaración en el que se insta a cumplir con la norma aprobada en 2015, que se trata de un reclamo a un gobierno, el actual, pero que la deuda es del Estado con las sucesivas gestiones que fueron pasando.

El contexto de la ley

La ley surgió a partir de un acuerdo en 2007 entre Ponce y el entonces interventor de la Dirección de General de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, en la gestión de Néstor Kirchner. En 2008, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de visita en la Fábrica Militar, anunciaba que sería elevado el proyecto.

El mismo llegaba a la cámara baja, aunque no avanzaba. En 2015, con modificaciones, especialmente en los montos que debían abonarse, se aprobaba finalmente en Diputados, siendo sancionada la ley en Senadores, y promulgada antes de terminar su mandato la actual vicepresidenta. En el gobierno de Mauricio Macri, se demoraba la reglamentación de la norma para que pudiera hacerse efectiva. Tras presentaciones judiciales de Ponce y reclamos políticos, inclusive de la Legislatura cordobesa, eso ocurría en 2018.

De hecho, en el medio de todo ello, y lo que devino en aquel reclamo por lo que se logró llegar a la reglamentación de la ley, se había cuestionado un borrador del decreto para que eso sucediera. El mismo establecía el concepto de "causa vigente", esto es que los demandantes debían tener sus causas activas, algo volvería abstracta a la propia ley, ya que los demandantes habían desistido, tal lo establecido, a la acción judicial.

Finalmente, como está señalado, en el año 2018, la norma era reglamentada respetando su letra original, y se iniciaba así el proceso administrativo para que se comenzaran a abonar las primeras indemnizaciones. La ley establece que el pago debe realizarse -al igual que otras de reparación- con bonos del Estado. Con la nueva gestión asumida en diciembre de 2019, se armó un equipo de FMSE abocada al tema Río Tercero.

Ponce reclamó que se llamó a los demandantes a firmar los requerimientos de pago, aunque luego se los convocó nuevamente. De hecho se realizó un acampe en la Plaza San Martín de la ciudad. Hace algunos meses, siete demandantes, representados por otro estudio de abogados, cobraron. El letrado que patrocina a la mayor cantidad de personas, señala que hasta hace unas semanas, conocía de apenas 10.

"Necesitamos que el Estado cumpla en lo inmediato"

Ponce recordó que el juez Federal de Río Cuarto, con su resolución intimando al Estado a abonar, por cada día que transcurre sin que ello suceda, impuso una multa de mil pesos diarios por cada adherente a la ley que no percibe el resarcimiento, lo que representa una suma global importante, ya que son miles de personas.

Según se informó en su momento -y lo ratificó ahora la diputada sobre lo indicado por las autoridades de Defensa- la demora está en el proceso administrativo, especialmente en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y en el Ministerio de Economía, desde donde liberarse los pagos.

"Necesitamos que se cumpla, eso debe suceder en lo inmediato; porque en 1995 atentaron contra la ciudad. Miles de personas esperan que el Estado cumpla; ya pasaron más de 26 años de aquel hecho que produjo daños de todo tipo en la ciudad. No se puede esperar más", señaló a este medio la legisladora. 

Te puede interesar