Río Tercero: conferencia y reclamo por las indemnizaciones

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, la diputada, Gabriela Brouwer de Koning, y el abogado, Mario Ponce, reclamaron por el pago de las indemnizaciones.
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Ponce, Ferrer, y Brouwer de Koning, reclamaron por las indemnizaciones para Río Tercero

En una conferencia de prensa, el lunes, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; la diputada nacional, Gabriela Brouwer de Koning; y el abogado, Mario Ponce; reclamaron, una vez más, que se abonen las indemnizaciones, establecidas por ley por el atentado ocurrido en 1995, con la voladura de la Fábrica Militar.

"Son miles de personas que esperan una respuesta desde hace muchísimo tiempo,  que no es ni más ni menos que el pago de su indemnización legítima; y lo que reciben, son mentiras", señaló el abogado Ponce, que representa a miles de personas que se acogieron a la ley que establece el pago de los resarcimientos. 

El letrado, recordó que en el año 2020 recibieron "la comunicación por parte del Gobierno Nacional", de que se comenzaría con los requerimientos de pagos. No obstante -dijo- los mismos fueron anulados y luego se libraron otros.

"Se enviaron los primeros requerimientos para comenzar el trámite;  fueron anulados en 2021, y se libraron nuevos en función de que los montos habían sido mal calculados y así llegamos a noviembre del año pasado, en donde tuvimos que realizar un acampe en la plaza (San Martín), para hacer notar esta situación de incumplimiento", recordó Ponce.

En ese sentido, indicó que luego de ese "acampe aparecieron requerimientos de pago". Los mismos, son el paso administrativo previo en el paso al Ministerio de Economía, en donde se debe dispone abonar el resarcimiento. Recordó que los mismos, del grupo que representa, fueron firmados.

"Posteriormente, se indicó desde la Sindicatura General de la Nación que la firma del abogado no servía, contrariamente a lo que el juez ordena, y que debían ir los primeros damnificados personalmente", continuó con la cronología de lo sucedido.

Prosiguió señalando que en el mes de marzo fueron 250 las personas que concurrieron a firmar a la Fábrica Militar. "Quienes firmaron en marzo, hoy, en junio, todavía no han percibido un sólo bono". Los resarcimientos establecidos por ley, se deben abonar con bonos del Estado Nacional. 

Con respecto a que se comenzaron a pagar las indemnizaciones, a través representados de otros estudios jurídico, señaló: "La información que tenemos, es que no hay más de 10 pagos realizados". "No sólo que se está mintiendo, sino que se está confundiendo a las personas", reprochó el letrado.

Ponce indicó que había realizado un planteo en el Juzgado Federal de Río Cuarto, "que lo intimó al Estado Nacional, hace algunos meses, a que pagara en un plazo de 10 días". "No cumplió, por lo tanto, se le aplica en este momento al Estado una multa de mil pesos diarios, la que está corriendo en 400 casos", detalló.

"Haremos las denuncias penales que correspondan"

El abogado, indicó que avanzará con otras acciones. "El próximo paso que vamos a dar, será pedir un embargo para los funcionarios de Economía y Defensa, responsables del pago", adelantó. Y agregó: "Colocaremos en la cabeza de los funcionarios la responsabilidad del pago de esa multa".

"En pocas palabras, tenemos un circuito de mentiras por parte del Gobierno Nacional; pasaron tres años y medio desde que asumieron y no han pagado prácticamente nada, porque si son 10 personas (las que cobraron) en un universo de más de 10 mil, evidentemente es una mentira", cuestionó el letrado patrocinante.

"Vamos a continuar con estas peticiones judiciales, y haremos también las denuncias penales que correspondan por desobediencia a la autoridad; para que la Justicia haga cumplir a un Estado reticente y mentiroso", dijo.

"Queremos defender a más de 10 mil damnificados"

La diputada Brouwer de Koning, indicó que la presencia con el intendente Ferrer, acompañando el reclamo, es porque "queremos defender a más de 10 mil damnificados que están con el doctor Mario Ponce, y no han recibido pago alguno, después de 26 años del atentado". 

Recordó que el pasado 26 de abril, presentó un proyecto de declaración para que se cumpla con dicha norma. La iniciativa insta "al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa y hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los damnificados por las explosiones de Río Tercero, siendo una de las tres demandas colectivas de los riotercerenses, contemplando además de ello, la puesta en marcha de un plan estratégico de recuperación de Fábrica Militar Río Tercero, y la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero".

El proyecto fue acompañado por las firmas de Marcela Antola, Danya Tavela, Martin Berhongaray, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Victoria Tejeda, Alejandro Cacace, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Anibal Tortoriello, y Alberto Asseff.

Un pedido de audiencia y una reparación integral

"Han corrido los años y lamentablemente el doctor Ponce ha tenido que hacer presentaciones para que esto suceda (el pago de los resarcimientos); por un Estado, que si bien ha tenido la voluntad en su momento, cuando se tiene que efectivizar (la norma), hace caso omiso y no cumple con la ley", indicó la legisladora. Y agregó que como diputada nacional le solicitó una audiencia al ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Será -dijo- para hablar sobre este tema. Manifestó que concurrirán a la misma con Ponce. Recordó que dicho reclamo, es parte "de la reparación histórica que está pidiendo nuestra ciudad". "En ese marco estamos defendiendo no sólo el pago de las indemnizaciones, sino, también, como la población lo ha manifestado, la creación de una Universidad Nacional y la reactivación de Fábrica Militar", expresó la legisladora.

En ese sentido, señaló con respecto a la universidad que se deben elaborar las carpetas técnicas para presentar el proyecto de ley. "Y con respecto a Fábrica Militar, ponerme a disposición para todos los proyectos productivos que se puedan realizar", indicó la diputada. 

"Uno siente impotencia"

A su turno, el intendente Ferrer, recordó que a la ley se llegó bajo condiciones que debieron aceptar los riotercerenses. "Y esa ley no se está cumpliendo", señaló el jefe comunal. Y agregó: "A mí, la verdad, a esta altura no me sorprende nada de este gobierno, de los últimos 20 años en la Argentina, en 16 ha gobernado el kirchnerismo, claramente hay una deliberada decisión de no pagar"

Consideró que ello se hace "con la cobardía de no expresarlo de manera contundente, sino de chicanear el proceso constantemente". "El gobierno interpone problemas, que la verdad que no se los interpone a un intendente o al abogado, hablando mal y pronto, se está cagando en la gente", disparó.

El intendente riotercerense, consideró que "habla muy mal del ejercicio del poder". "Hay una ley, aprobada por el Congreso de la Nación, hay condenas, una ciudad que sufrió y padeció, vecinos que perdieron muchísimo, daños psicológicos, daños físicos y encima de todo eso, el autor del atentado, fue el propio Estado", señaló.

"La verdad que uno siente impotencia, porque ve con frustración la falta de respuestas a una situación tan sensible que atravesó nuestra comunidad hace ya 26 años", manifestó Ferrer. Y prosiguió recordando que "hay gente que se ha muerto esperando cobrar". "Nuestra responsabilidad hoy es no hacer silencio", expresó.

Sostuvo que se continuará apoyando al grupo de damnificados, porque "es justo". "La Justicia le ha dado la razón y una ley del Congreso lo ha ratificado; claramente hay una decisión del Poder Ejecutivo de no pagar, de no cumplir los compromisos, lo que no sorprende a nadie, y quienes tenemos una responsabilidad institucional tenemos la obligación de decirlo, aunque signifique alguna consecuencia en términos de gestión".

El contexto del reclamo por la ley

El espíritu de la norma, como otras de reparación, contempla el pago con bonos de cancelación de deuda del Estado Nacional. El proyecto fue convertido en ley en 2015.

En julio de 2014, a instancias del entonces diputado Eduardo "Wado" de Pedro (hoy Ministro del Interior), tuvo media sanción en Diputados. Fueron 179 los legisladores que votaron en afirmativo. En septiembre de 2015, un año después, la Cámara de Senadores la aprobaba por unanimidad y se sancionaba

En 2007, el entonces interventor de Fabricaciones Militares (DGFM), Arturo Puricelli, en el gobierno de Néstor Kirchner, convenía con el abogado Ponce, patrocinante de miles de demandantes agrupados en la Comisión de Damnificados, un acuerdo que evitara llegar a un juicio para la causa civil, con la posibilidad de una ley.

En 2008, la expresidenta y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una visita a la Fábrica Militar, anunciaba la elevación del proyecto a la cámara baja. La iniciativa no avanzaba en Diputados.

Finalmente, como está señalado, en 2015, era sancionada la ley por el Congreso y promulgada por la entonces mandataria a cargo del Ejecutivo. Restaba la reglamentación. La norma establecía que quienes habían demandado al Estado, podían adherir a la misma, desistiendo de la acción civil en la Justicia. 

En el año 2018, la ley era reglamentada en la presidencia de Mauricio Macri. Para que que se llegara a esa instancia, existieron fuertes reclamos. En ese periodo, había trascendido que se había elaborado un "borrador" del decreto reglamentario, en donde se establecía el concepto de "causa vigente".

Si el decreto prosperaba tal como estaba redactado, nadie hubiera cobrado ya que los adherentes a la ley no tenían en vigencia sus causas. El "borrador" generó una polémica y hasta un proyecto de resolución de la Legislatura de Córdoba, solicitando al Gobierno de entonces que se respetara el espíritu de la norma.

Se consideraba en el borrador de la reglamentación que quienes se beneficiaran con dicha ley, debían tener sus causas judiciales activas hasta seis meses antes de la sanción de la norma. En concreto: quienes habían suspendido la acción civil por adherir a la ley, no podrían beneficiarse con la misma. 

Finalmente, el decreto de reglamentación estableciendo los pasos administrativos para llegar al pago se redactaba en base a lo establecido originalmente, luego de fuertes reclamos, e inclusive de presentaciones del propio Ponce, también en la Justicia de Río Cuarto, que intimaba al gobierno de Macri, para que avanzara con la reglamentación, y hasta una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Antes de dejar el gobierno, la anterior gestión, en el Boletín Oficial publicaba una resolución. En la misma, se indicaba que ya comenzaba a correr el trámite administrativo. Inclusive se adjuntaba un anexo con los nombres de quienes supuestamente cobrarían y los montos, cuando en realidad se debía esperar un proceso extenso, hasta que efectivamente se iniciara el pago. Se trataba de 124 expedientes.

La resolución estaba firmada por la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Algunos medios, por desconocimiento, o no, cuando aún gobernaba la anterior gestión, titulaban que eran los primeros resarcimientos que se pagaban, cuando en rigor restaba mucho para ello. Ponce, a través de la Comisión de Damnificados, aclaraba precisamente que restaba aún para que eso sucediera.

La supuesta inminencia de los pagos, generaba una expectativa en los demandantes, algo que terminó por diluirse, cuando se conocía que el proceso de cobro no era inmediato.

Con el Gobierno de Alberto Fernández, comenzaron a firmarse las certificaciones para abonar las indemnizaciones. El exministro de Defensa, Agustín Rossi, indicaba que era una prioridad cumplir con los demandantes. Por ello, es que se decidía conformar una Comisión Especial abocada al tema Río Tercero.

Ante la demora desde la Comisión de Damnificados, inclusive se decidió realizar un acampe de reclamo en la Plaza San Martín. Ocurría en noviembre de 2021. Desde Fabricaciones Militares, se aseguraba, en tanto, que restaban algunos pasos administrativos, pero que se cumpliría en la palabra comprometida.  

Al frente del Ministerio de Defensa ya había asumido en reemplazo de Rossi, Jorge Taiana. Ponce presentó entonces un recurso ante el Juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

Finalmente, se liberaban los primeros pagos, siete, correspondientes a un estudio jurídico, pero que deberían alcanzar progresivamente a todos los demandantes. Eso, es lo que plantea Ponce, que de acuerdo a lo que conocen, sólo se liberaron 10 pagos de un universo que comprende a más de 10 mil personas.

Desde la Comisión de Damnificados, se presentó un escrito al juez Ochoa fechado el 1 de febrero, para que intimara al actual Gobierno a cumplir con los resarcimientos. El magistrado riocuartense, el 3 de febrero dictó un decreto emplazando al Estado para que abonara las indemnizaciones en el término de 10 días

Desde allí, cuestiona Ponce, es que el Estado no liberó más pagos, con una multa diaria de mil pesos diarios por demandante, lo que representa 400 mil pesos apuntó, en 400 certificados, 

En síntesis, el camino de la ley

  • Como está señalado, para que se llegara a la ley, se acordó entre el Estado, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, y Ponce. un acuerdo en 2007. En 2008, la entonces presidenta, Fernández de Kirchner, anunció en una visita a Fábrica Militar, la elevación de un proyecto. No avanzó en la cámara baja.
  • En 2015, a instancias del hoy ministro del Interior, Wado de Pedro, se aprobó la iniciativa y fue sancionada, siendo promulgada por el Ejecutivo ese año. En el gobierno de Macri, en tanto, para la reglamentación se demoró tres años, con los cuestionamientos por el "borrador de decreto", que de no haberse filtrado, y salir como se había redactado originalmente, hubiera vuelto abstracta a la ley
  • Ponce realizó presentaciones en la Justicia, la que intimó a la gestión de entonces a reglamentar la norma. Finalmente, la ley fue reglamentada, luego de que la Legislatura de Córdoba, inclusive, aprobara una resolución instando al Ejecutivo de entonces a hacerlo, pero respetando la redacción original, sin el concepto de "causa vigente". 
  • Ya reglamentada la ley en 2018, se inició el proceso administrativo para que pudiera cobrarse. Con la llegada del nuevo Gobierno de Alberto Fernández, se anunció que se agilizaría el pago de los resarcimientos, y comenzaron a firmarse certificados. Hace algunos meses se conoció de siete pagos. Ponce, señala que conocen de 10.
  • Ponce, ante la demora, hizo otra presentación en el Juzgado Federal de Río Cuarto, para que se emplazara al Gobierno. El juez federal, Carlos Ochoa, intimó al Estado. Le impuso una multa diaria de mil pesos por demandante que no cobre. Es lo que reclama el letrado: la aplicación efectiva de la ley, aprobada en 2015 y que, en la práctica, luego de siete años, miles de riotercerenses aún esperan por el resarcimiento que establece.

 

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