Brouwer de Koning: "El Estado debe cumplir con Río Tercero"

La diputada Gabriela Brouwer de Koning, presentó un proyecto para que se paguen las indemnizaciones por el atentado de 1995 en Río Tercero.
Gabriela Brouwer
Brouwer de Koning presentó un proyecto por las indemnizaciones de Río Tercero

"Estamos hablando del Estado Nacional, independientemente de los gobiernos, acá todos han sido responsables del tiempo que ha pasado para cumplir con Río Tercero", expresó en diálogo con la emisora Mestiza Rock, la diputada nacional, Gabriela Brouwer de Koning.

La legisladora oriunda de la ciudad en la que se produjo el atentado a la Fábrica Militar en noviembre de 1995 presentó un proyecto de declaración solicitando que se abonen las indemnizaciones, etablecidas por ley, a quienes adhirieron a la norma aprobada y sancionada en 2015, siendo reglamentada en 2018.

"Acá todos son responsables, más allá de los gobiernos que han pasado, porque estamos hablando del Estado como unidad jurídica; y, además del pago de los resarcimientos, es el Estado el que debe pedir perdón a Río Tercero, algo que nunca ocurrió, por lo que sufrimos como ciudad", señaló la diputada nacional del bloque Evolución Radical.

El proyecto, el que, además, expresó la legisladora, tiene la intención de "visibilizar y colocar en la agenda pública nacional" lo sucedió hace más de un cuarto de siglo en la industria estatal, le solicita a la actual gestión que agilice los pagos a quienes adhirieron a la ley de resarcimiento.

"Es increíble que luego de 26 años y genera mucho dolor en quienes lo sufrimos, aún con fallos de la Justicia que intiman al Estado a pagar las indemnizaciones, apenas se han abonado siete en el mes de febrero, cuando estamos hablando que son miles y miles las personas que deben cobrar", recordó la diputada.

El texto del proyecto

El proyecto de Brouwer de Koning, está acompañado, además, por las firmas de Marcela Antola, Danya Tavela, Martin Berhongaray, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Victoria Tejeda, Alejandro Cacace, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Anibal Tortoriello, y Alberto Asseff. 

En los fundamentos, entre otros párrafos, recuerda que "más de diez mil personas hicieron reclamos a la justicia por daños morales y psicológicos. Mientras se llevaban adelante esos procesos judiciales, el Congreso de la Nación Argentina en el año 2015, después de 20 años de dicho atentado, sanciona la ley 27.179, que contempla el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, dicha ley subordina su operatividad a la necesaria reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional". 

"A pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional tenía la obligación de reglamentar dicha ley, no lo hizo, hasta que una orden judicial, en respuesta a la presentación de un amparo, exigió dicha reglamentación a la brevedad. Cumpliendo, entonces con esa manda judicial, el PEN dicta el Decreto N° 309/2018 y la Resolución Nº 930/2018 del Ministerio de Defensa", recuerda el texto del proyecto en su fundamentación sobre el decreto de 2018. 

Y agrega: "Cabe aclarar que, por demoras en el cumplimiento por parte del Estado nacional, se prorrogó el plazo mediante la Resolución N° 601/2019 y N° 454/2020 por 180 días a partir del vencimiento del primer plazo y por 180 días más al vencimiento del segundo plazo".  

Prosiguen los fundamentos: "(...) en el mes de agosto de 2020, el Estado Nacional entrega el modelo de certificado pertinente, que debe otorgar el Tribunal Federal a los demandantes, para que se presenten ante el Ministerio de Defensa, siendo uno de los requisitos para proceder al correspondiente pago. Desde entonces, los beneficiarios han venido presentando los certificados firmados por el Secretario del Tribunal para que se efectivice dicho el pago"

"En noviembre de 2020 la Comisión de Defensa para el caso Río Tercero mandó los primeros requerimientos de pago por un monto de $150,000. En diciembre de 2020 envió nuevos requerimientos de pago (70), anulando los anteriores a raíz de que el monto ascendía a $265.000", especifica el proyecto.  

Recuerda, en tanto, que "en marzo se vuelven a comunicar, para decir que el cálculo estaba mal realizado nuevamente y que el monto correcto era de $77.000 por daño moral y daño emergente, y con la actualización de los bonos la suma ascendería a $400.000 para cada demandante".

"A raíz de que desde esa fecha hasta octubre de 2021 no se enviaron más requerimientos, se solicitó al Tribunal Federal interviniente que intime al Poder Ejecutivo Nacional al pago. Dicha medida judicial se efectiviza por decreto de fecha 9 de agosto de 2021 (...)  emplazando al Estado para que en el plazo de 30 días proceda con el pago", indica otro párrafo. 

Y prosigue: "Paralelamente, ante el incumplimiento, los damnificados deciden reclamar mediante la instalación de una carpa en plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad de Río Tercero. Posteriormente, el Ministerio de Defensa retoma los envíos de los certificados, emanando unos 30 por semana, pero sin efectivizarse pago alguno. Recién con fecha 9 de febrero de 2022, se llevaron a cabo los primeros siete (7) pagos para quienes adhirieron a la ley". 

Recuerda el proyecto que el Estado "ha abonado la indemnización a tan solo siete personas de un universo de más de 10 mil, al cabo de dos años, dilatando su cumplimiento, exigiendo documentación que no se encuentra prevista en los formularios de presentación de los certificados,  objetando la validez de los poderes otorgados a los letrados apoderados, a los que el Tribunal les ha dado plena autoridad (...) exigiendo que sean los damnificados los que firmen los requerimientos de pago previo al cobro, con la dificultad e imposibilidad física y económica que para muchas personas representa". 

"Después de tantos años del aberrante episodio, de la existencia de una ley sancionada por el propio Congreso de la Nación y de constantes presentaciones a la Justicia Federal para que se cumpla con la misma, el Estado Nacional sigue sin cumplir y pareciera que apela a dilaciones para continuar con la demora del proceso y ahora también, ocasionando un perjuicio extra al Estado al tener que abonar la multa diaria", indica el texto.

"Mientras esto pasa entre oficinas administrativas y legales, una sociedad que fue bombardeada por el propio Estado Nacional, aún no encuentra justicia. Una ciudad que hace 26 años reclama por una reparación histórica, tanto individual como colectiva, como una deuda moral y material por los graves hechos sufridos por la comunidad", expresa. 

"Por eso es que instamos al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa y hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los damnificados por las explosiones de Río Tercero, siendo una de las tres demandas colectivas de los riotercerenses, contemplando además de ello, la puesta en marcha de un plan estratégico de recuperación de Fábrica Militar Río Tercero, y la creación de una Universidad Nacional de Río Tercero", concluye.

"Insistiré en nombre de la ciudad"

Brouwer de Koning, reiteró que, como lo señala el proyecto, todos quienes han gestionado el Estado, han tenido "una responsabilidad" en dilatar el pago establecido por una ley nacional.

Y reiteró: "Además de lo económico, el Estado, porque se determinó que quienes estaban en el mismo al momento del atentado, fueron responsables, no sólo a quienes lo sufrimos en Río Tercero, sino que esto ocurrió en el país, y Río Tercero está en Argentina, debe pedir perdón por lo sucedido en la ciudad".

La legisladora, señaló que, además, con este proyecto espera que lo sucedido en Río Tercero "no se olvide", tanto en los ámbitos políticos, ejecutivos, legislativos, judiciales, pero también en los medios que llegan a todo el país. "Lo importante, es que esto se conozca, no sólo en Río Tercero y Córdoba, sino en toda la Argentina".

"Como diputada nacional, pero sobre todo como riotercerense, y como alguien que sufrió lo que pasó (era estudiante en un secundario cercano a la fábrica), insistiré por una reparación histórica en nombre de la ciudad", señaló.

Debe recordarse, que la causa penal quedó cerrada luego de que falleciera Carlos Menem en febrero de 2021. El exmandatario iba a ser juzgado como "autor mediato" del delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas".

En 2014, en un primer proceso en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, habían sido condenados por dicho delito, cuatro exmilitares, mandos intermedios, que cumplían funciones, al momento del atentado, dos de ellos en la Fábrica Militar y los otros dos en la entonces Direcciones General de Fabricaciones Militares.   

Un largo proceso por la ley

El espíritu de la norma, como otras de reparación, contempla el pago con bonos de cancelación de deuda del Estado. El proyecto fue convertido en ley en 2015.

 En julio de 2014, a instancias del entonces diputado Eduardo "Wado" de Pedro (hoy Ministro del Interior), tuvo media sanción en Diputados. Fueron 179 los legisladores que votaron en afirmativo. Debió pasar más de un año para que en septiembre de 2015, Senadores la aprobara por unanimidad y se sancionara. 

En el año 2007, el entonces interventor de Fabricaciones Militares (DGFM), Arturo Puricelli, en el gobierno de Néstor Kirchner, había acordado con el abogado cordobés Mario Ponce, patrocinante de miles de demandantes agrupados en la Comisión de Damnificados, un acuerdo que evitara llegar a un juicio que insumiría demasiado tiempo.

En el año 2008, la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una visita a la Fábrica Militar, anunciaba la elevación del proyecto a la cámara baja. La iniciativa no avanzaba en Diputados.

Finalmente, como está señalado, en 2015, fue sancionada la ley por el Congreso y promulgada por la entonces mandataria a cargo del Ejecutivo. Restaba la reglamentación. La norma establecía que quienes habían demandado al Estado, podían adherir a la misma, desistiendo de la acción civil en la Justicia. 

En el año 2018, finalmente la ley fue reglamentada cuando era presidente Mauricio Macri. Para que eso ocurriera, existieron fuertes reclamos. En una instancia intermedia, trascendió que se había elaborado un "borrador" del decreto reglamentario, en donde se establecía el concepto de "causa vigente".

Si aquel decreto prosperaba tal como estaba redactado, nadie hubiera cobrado ya que los adherentes a la ley no tenían en vigencia sus causas. El "borrador" generó una polémica y hasta un proyecto de resolución de la Legislatura de Córdoba, solicitando al Gobierno de entonces que se respetara el espíritu de la norma.

Se consideraba en el borrador de la reglamentación que quienes se beneficiaran con dicha ley, debían tener sus causas activas hasta seis meses antes de la sanción de la norma. En concreto: quienes habían suspendido la acción civil por adherir a la ley, no podrían beneficiarse con la misma. 

Finalmente, el decreto de reglamentación estableciendo los pasos administrativos para llegar al momento del pago se redactó en base a lo establecido originalmente. 

Antes de dejar el gobierno la anterior gestión, en el Boletín Oficial publicaba una resolución. En la misma, se indicaba que ya comenzaba a correr el trámite administrativo. Inclusive se adjuntaba un anexo con los nombres de quienes supuestamente cobrarían y los montos, cuando en realidad se debía esperar un proceso extenso, hasta que efectivamente se iniciara el pago. Se trataba de 124 expedientes.

La resolución estaba firmada por la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Algunos medios, por desconocimiento, o no, cuando aún gobernaba la anterior gestión titulaban que eran los primeros resarcimientos que se pagaban, cuando en rigor restaba mucho para ello. Ponce, a través de la Comisión de Damnificados, aclaraba precisamente que restaba aún para que sucediera.

La supuesta inminencia de los pagos, generaba una expectativa en los demandantes, algo que terminó por diluirse, cuando se conocía que el proceso de cobro no era inmediata.

Con el nuevo Gobierno, comenzaron a firmarse las certificaciones para abonar las indemnizaciones. El exministro de Defensa, Agustín Rossi, había indicado que era una prioridad cumplir con los demandantes. Por ello, es que se decidió conformar una Comisión Especial abocada al tema Río Tercero.

Ante la demora desde la Comisión de Damnificados, inclusive se realizó un acampe de reclamo en la Plaza San Martín. Desde Fabricaciones Militares, se aseguraba que restaban algunos pasos administrativos, pero se cumpliría en la palabra comprometida.  

Al frente del Ministerio de Defensa ya había asumido en reemplazo de Rossi, Jorge Taiana. Ponce presentó entonces un recurso ante el Juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

Finalmente, como está señalado en el proyecto, se liberaban los primeros pagos, siete, correspondientes a un estudio jurídico, pero que deberían alcanzar progresivamente al universo de demandantes. 

Desde la Comisión de Damnificados, se informaba que Ponce había presentado un escrito al juez Ochoa fechado el 1 de febrero, para que intimara al Gobierno a cumplir con los resarcimientos.

El magistrado riocuartense, el 3 de febrero dictaba un decreto en donde emplazaba al Estado a abonar las indemnizaciones en el término de 10 días. 

Desde allí, cuestiona Ponce, y señala Brouwer en el proyecto, no se liberaron más pagos.

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