La Justicia emplazó al Estado a pagar las indemnizaciones de Río Tercero

El juez federal, Carlos Ochoa, resolvió intimar al Estado Nacional a abonar los resarcimientos, establecidos por una ley por el atentado sufrido en 1995 de la Fábrica Militar Río Tercero. Le otorgó un plazo de 30 días para hacerlo.
Voladura FMRT
Emplazan a pagar las indemnizaciones por el atentado en Río Tercero

La Justicia Federal de Río Cuarto, emplazó al Estado Nacional, para que abone en un plazo máximo de 30 días, las indemnizaciones establecidas por ley para quienes adhirieron a dicha norma, tras haber reclamado en una causa civil por el atentado que se produjo el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero.

Se trata de más de 10 mil habitantes de la ciudad patrocinados por el abogado Mario Ponce. La semana anterior, el letrado, ante la demora en el pago de los resarcimientos, había señalado que presentaba en la Justicia un pedido para que se intimara al Estado a cumplir con la cancelación de los montos para quienes ya tienen las certificaciones de pago ordenadas por la Justicia. El magistrado riocuartense se expidió el lunes.

La resolución del juez

"(...) Atento el extenso tiempo transcurrido desde el libramiento de los certificados de pago determinados en el art. 2 de la Ley Nº 27.179, el cual fuera reglamentado por el Decreto Nº 309/2018 y la Resolución Nº 930/2018, del Ministerio de Defensa, se dispone hacer saber a la autoridad administrativa de liquidación de las acreencias de los actores (Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía de la Nación), que debe procederse de manera rápida y expeditiva en el plazo no superior a los treinta (30) días, a la liquidación y depósito de los bonos cancelatorios correspondientes a los actores en la presente causa (...)", señala el dictamen del juez federal, Carlos Ochoa.

Prosigue, indicando que es "bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones conminatorias establecidas en el art. 37 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin perder de vista, que si bien lo dispuesto ut supra se circunscribe a la presente causa, el suscripto no desconoce que existe una universo de causas con análogos reclamos que se encuentran en similar estado de avance sin que se haya dispuesto la cancelación y depósito de los bonos de cancelación de la deuda pública por parte del Estado Nacional".

Años de reclamos

No es la primera ocasión que el magistrado debe intimar al Estado por dicha ley, aprobada y promulgada en 2015 en el Congreso de la Nación. También lo hizo, en su momento, cuando durante la anterior gestión nacional se dilataban los plazos para la reglamentación de la misma, hasta que eso sucededría recién en 2018. 

En 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández, en una visita a la Fábrica Militar Río Tercero, anunciaba el envío del proyecto al Congreso de la Nación, algo que sucedería en 2009. No avanzaría demasiado y perdería estado parlamentario. En la primera iniciativa se habían establecido montos fijos, los que, a criterio de Ponce, estaban desactualizados. Se hablaba de unos 10 mil pesos en el caso de daños morales y psicológicos.

Finalmente un proyecto del diputado oficialista, Eduardo "Wado" de Pedro (hoy ministro del Interior de la Nación) planteaba una nueva fórmula para estimar el cálculo de las indemnizaciones. La ley se terminaba aprobando en julio de 2014 por unanimidad en la Cámara de Diputados. En septiembre de 2015 era sancionada por el Senado de la Nación. En el mismo año era promulgada por la expresidenta, antes de dejar el gobierno.

La letra de la ley establecía que los demandantes al Estado, en el reclamo conjunto patrocinado por el abogado cordobés, Mario Ponce, la mayoría por daño moral y psicológico, deberían desistir de la acción judicial, adhiriendo a la norma para recibir el pago en bonos del resarcimiento establecidos por el nuevo cálculo.

Luego de tres años y de que la Justicia intimara a la administración de Mauricio Macri, en abril de 2018 se publicaba en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Para que la misma tuviera curso, debían cumplirse con una serie de trámites, lo que no implicaba el pago en lo inmediato. Algunos medios no lo aclararon.

Poco antes de dejar la administración, en diciembre de 2019, la anterior gestión publicaba en el Boletín Oficial una resolución. En la misma se indicaba que se abonarían las indemnizaciones. Además, acompañaba en un adjunto, el listado de quienes recibirían los pagos. La Comisión de Damnificados, aclaraba que no implicaba "el cobro inmediato, como se podría interpretar". Cuestionaba, además, que se publicaran nombres y montos.

Luego de la reglamentación

Asumida la actual gestión, con Alberto Fernández, se prometió que se avanzaría con el pago de los resarcimientos, pero el abogado Ponce, la semana anterior, en conferencia de prensa, reprochó que eso no sucedió. Cuestionó, inclusive, que el ahora exministro de Defensa, Agustín Rossi, hubiera adoptado ese compromiso, alejándose del cargo para presentarse como precandidato en Santa Fe, sin haberlo cumplido. 

Explicó que en noviembre se firmaron "requerimientos de pagos, los que luego fueron anulados porque se modificaron los montos" de las indemnizaciones. "De allí, el compromiso era que semanalmente irían completando los mismos, para más personas" beneficiadas por dicha norma.

"Pero no ocurrió nada, en enero, febrero y en marzo se nos comunicó que se iba a realizar un nuevo cálculo (de los montos a pagar), debatimos sobre ese tema pero acordamos", detalló el letrado. "En mayo tenían que comenzar a enviar los requerimientos de pago, aunque estamos en agosto y aún eso no ha ocurrido", dijo Ponce a este medio.

Quien patrocina a miles de personas, reprochó que "una vez más el Estado no cumplió con los damnificados", por lo que señalaba que se realizaría la presentación en la Justicia para que procediera a emplazarlo "para que cumpliera con la ley". Eso fue lo que finalmente sucedió a comienzos de esta semana con el dictamen del magistrado riocuartense.

Luego de 25 años

En el pasado mes de noviembre del que fue ratificado por la Justicia como un atentado en contra de la industria estatal y una población civil, no solo provocando daños en el establecimiento fabril, sino en el sector urbano, generando, un impacto social en la comunidad riotercerense, se cumplieron 25 años. Por ello se iniciaron las demandas.

Como está indicando, la mayor acción civil colectiva fue patrocinada por el letrado Ponce, con más de 10 mil personas que reclamaron por daño moral y psicológico. Luego de años, en 2007, durante la administración de Néstor Kirchner, el entonces interventor de la que era aún la DGFM, Arturo Puricelli, con el letrado, en nombre de sus patrocinados, agrupados en la denominada Comisión de Damnificados, llegaron al preacuerdo por la ley.

También, como está apuntado, la condición era que quienes habían demandado al Estado, desistieran de esa acción civil, esto es proseguir con el reclamo judicial, y adhirieran a la norma, que sería aprobada luego por el Congreso, promulgada en una gestión y reglamentada en la otra. Aún así, al paso de dos décadas, si bien algunas sentencias fueron abonadas, otras, miles, siguen a la espera de que se cumplimente la ley. De hecho, muchas de las personas que demandaron oportunamente al Estado por lo sucedido, tras años de esperar, fallecieron. Quienes cobrarán, si eso sucede, serán sus herederos.

Fabián Menichetti

Locutor M.P 7724 - Periodista - Editor Tercer Río Noticias. Director periodístico Mestiza Rock - Autor de los libros: Noviembre (1997) y Esquirlas de Noviembre (2011)

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