Presentación en la Justicia para que se paguen las indemnizaciones de Río Tercero

Río Tercero 04/08/2021 Por Tercer Río Noticias
El abogado, Mario Ponce, patrocinante de miles de demandantes contra el Estado por el atentado de la Fábrica Militar Río Tercero, reiteró el reclamo para que se abonen las indemnizaciones establecidas por ley. Se realizó una presentación en la Justicia para que se emplace al Gobierno a realizar el pago de los resarcimientos.
Ponce Conferencia
Anunciaron que se va a la Justicia por las indemnizaciones de Río Tercero

En la mañana del miércoles, el abogado Mario Ponce, que patrocina a miles de demandantes en contra del Estado Nacional, reiteró el reclamo para que se abonen las indemnizaciones establecidas por ley, como consecuencia del atentado en la Fábrica Militar Río Tercero, ocurrido en noviembre de 1995. Además, dijo, se realizó una presentación judicial, para que se emplace al Gobierno Nacional a cumplir con el pago de las mismas.

"El Estado Nacional ha incurrido en el incumplimiento de otra promesa", reprochó Ponce, en diálogo con este medio, luego de la conferencia. Recordó que en noviembre se firmaron "requerimientos de pagos, los que luego fueron anulados porque se modificaron los montos" de las indemnizaciones. "De allí, el compromiso era que semanalmente irían completando los mismos, para más personas" beneficiadas por dicha norma.

Indicó que "no ocurrió nada, en enero, febrero y en marzo se nos comunicó que se iba a realizar un nuevo cálculo (de los montos a pagar), debatimos sobre ese tema pero acordamos". "En mayo tenían que comenzar a enviar los requerimientos de pago, aunque estamos en agosto y aún eso no ha ocurrido", explicó Ponce.

Manifestó que convocó a una rueda de prensa para exponer ante la sociedad y, en especial, para que los damnificados "conozcan cual es la actitud del Gobierno, en concreto del Ministerio de Defensa". A su vez, también dijo que la convocatoria a los medios fue para informar de la presentación en la Justicia. "Es para que lo emplace al Estado a cumplir con el pago y que indique cuáles son los mecanismos de cálculo que utiliza en base a lo que ley le exige", indicó el abogado, recordando que se amplía una presentación ya realizada.

Apoyo del Concejo Deliberante

Además de integrantes de la Comisión de Damnificados, estuvo presente la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Brouwer de Koning. Una publicacón del cuerpo deliberativo, en ese sentido, señala que la edil, como principal referente de todo el Cuerpo Deliberativo, acompañó hoy al Abogado Mario Ponce, patrocinador de los damnificados por el atentado en Fábrica Militar quien encabezó una Conferencia de Prensa para informar sobre un recurso presentado ante el Juez Carlos Ochoa del Tribunal Federal de Río Cuarto.

Continúa: Este nuevo reclamo se debe al incumplimiento del Gobierno Nacional a pagar las indemnizaciones a los ciudadanos riotercerenses que reclamaron vía judicial a causa de los hechos acontecidos en FMRT, el 3 de noviembre de 1995. Las acciones que parecían haberse encaminado en el mes de noviembre del año pasado, con la firma de casi 100 requerimientos, no han prosperado. Por tal motivo se solicita nuevamente a la Justicia instar a los responsables a cumplir sus obligaciones.

Agrega que desde el cuerpo deliberativo, el compromiso y apoyo a esta causa es sólido y constante. Y prosigue: Recordamos que en el año 2020, al cumplirse 25 años del trágico atentado, el Concejo Deliberante aprobó una Resolución solicitando al Estado Nacional proceder con la Reparación Histórica Integral para nuestros vecinos. La misma involucra acciones en educación, trabajo y justicia.

El largo camino de la ley

El proceso para llegar a un proyecto de ley, insumió años. En la gestión de Néstor Kirchner se rubricó un acuerdo entre Ponce y el entonces interventor de la DGFM, Arturo Puricelli. Planteaba una ley de adhesión voluntaria. Quienes habían iniciado demandas, una vez aprobada la ley, podían desistir de su acción civil, y adherir a la misma, como sucedió. A aquella instancia se arribaría luego de que Ponce presentara en nombre de los damnificados el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 

En 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández, en una visita a la Fábrica Militar Río Tercero, anunciaba el envío del proyecto al Congreso de la Nación, algo que sucedería en 2009. No avanzaría demasiado y perdería estado parlamentario. En la primera iniciativa se habían establecido montos fijos, lo que, a criterio de Ponce, estaban desactualizados. Se hablaba de unos 10 mil pesos en el caso de daños morales y psicológicos.

El letrado, inclusive concurrió a la Cámara de Diputados para solicitar que se agilizara el tratamiento del proyecto. A algunos legisladores tuvo que explicarles qué había sucedido en Río Tercero en 1995. No tenían muy en claro de qué se trataba o por lo menos no conocían los detalles del atentado que había sufrido la ciudad hacía algunos años.

Finalmente un proyecto del diputado oficialista, Eduardo "Wado" de Pedro (hoy ministro del Interior de la Nación) planteaba una nueva fórmula para estimar el cálculo de las indemnizaciones. La ley se aprobó en julio de 2014 por unanimidad en la Cámara de Diputados. En septiembre de 2015 fue sancionada por el Senado de la Nación. En el mismo año fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández, pero no fue reglamentada.

Con la asunción de Mauricio Macri, se esperaba que se reglamentara la norma. Ante la demora, Ponce presentó un amparo en el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, que le ordenó al Estado cumplir con ese paso para que efectivamente la ley entrara en vigencia. Finalmente, superadas todas las instancias judiciales, el Gobierno debía reglamentar la ley, pero surgiría un nuevo capítulo en la enmarañada causa civil.

Se conocía un borrador del decreto para reglamentar la ley. Establecía abonar resarcimientos a los demandantes por lo sucedido en 1995, modificando la letra de la norma, al señalar el concepto de "causa vigente". El párrafo "causa vigente", volvía abstracta a la ley, ya que excluía a la totalidad de damnificados para cuyo único beneficio se había sancionado con la condición previa de suspender las acciones judiciales.

Aquello generaría una polémica, y hasta se pronunciaría la Legislatura de Córdoba con una resolución. En la misma se solicitaba al Ejecutivo Nacional y, en aquel caso, al Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, que se reglamentara la ley respetando el espíritu de la misma. Desde la gestión de entonces, se indicaría que se había filtrado un borrador del decreto, pero no el definitivo. La Justicia le otorgaba un plazo para reglamentarla.

Finalmente, en abril de 2018 se publicaba en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Para que la misma tuviera curso, debían cumplirse con una serie de trámites administrativos, lo que no implicaba que el pago de los resarcimientos en bonos, tal lo establecido, sería en lo inmediato. Algunos medios no lo aclararon.

En agosto de ese año, se aprobaba el certificado para el pago de las indemnizaciones. Se conocía a través de otro decreto. Allí comenzaban a colectarse los certificados para que quienes habían desistido de la acción civil, pudieran acceder al cobro. Ante una prórroga de 180 días, decidida por el Gobierno para cumplimentar con el pago, desde la Comisión de Damnificados comenzaba a reclamarse nuevamente por la dilación en el trámite.

Poco antes de dejar al Gobierno, en diciembre de 2019, la anterior gestión publicaba en el Boletín Oficial una resolución. En la misma se indicaba que se abonarían las indemnizaciones. Además, se publicaba un adjunto con un listado de quienes recibirían los pagos. La Comisión de Damnificados, aclaraba que no implicaba "el cobro inmediato, como se podría interpretar". Cuestionaba, además, que se publicaran nombres y montos.

Con la asunción del actual Gobierno, se indicaría que se abonarían finalmente las indemnizaciones. En marzo de este año, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en una videoconferencia con diferentes medios, aludía a las mismas. Señalaba: “Estamos trabajando para pagarles este año a las víctimas y familiares de la explosión de Río Tercero. Hay una Unidad de Ejecución dedicada a esto”. Es lo que ahora reclamó Ponce.

"Dijo que era un tema personal"

"El ministro de Defensa había dicho por radio que para él lo de Río Tercero era un tema personal", recordó el letrado Ponce. "Hoy es precandidato en Santa Fe, dejando el ministerio, algo que tiene derecho a hacer, pero de ningún modo lo tiene en formular una promesa a miles de personas y hacer como que no pasó nada", agregó.

El abogado que representa a más de 10 mil riotercerenses, indicó que no se abonó aún ningún certificado. "Primero tienen que enviar los requerimientos de pago; los firmo, vuelven a Defensa, y de allí al Ministerio de Economía. Ese es el trámite que supuestamente en noviembre iniciamos con 25 formularios, pero en diciembre cambiaron el monto, más alto, en base al cálculo que habían hecho, y ya 70 estaban firmados", recordó.

Al reformularse en marzo la cifra que deben cobrar, con el nuevo cálculo, dijo Ponce, se trata de más de 300 mil pesos por persona. "La presentación de ahora en la Justicia, es una continuidad de un expediente, en su momento, en donde el juez (Ochoa) había ordenado que se librara un oficio, pero como no hay respuestas, hacemos otra para que emplace directamente al Estado a pagar para que se cumpla con la ley", amplió.

"Lo único que debe hacer el Gobierno, es cumplir con la ley. El certificado judicial es equiparable a una sentencia", explicó. "Lo que debe hacer el Estado, es pagarle a quienes tienen ese certificado, pero como no lo hace voluntariamente, lo solicitamos nosotros a través del Tribunal", manifestó Ponce, quien dijo que puede parecer una suma global importante, aunque "es ínfima", si se la compara con otras erogaciones estatales."Puede parecer un monto importante, pero en realidad para las arcas del Estado es mínimo", dijo.

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