Noviembre y las esquirlas que todavía continúan lastimando

Análisis 02/11/2017 Por
También fue un viernes, pero de hace 22 años. Reducir o resumir el efecto generado por "las explosiones", "la voladura" o "el atentado" a la Fábrica Militar y a la ciudad de Río Tercero, contemplando solo una jornada, un solo mes o un solo año, sería incompleto. Lo sucedido trascendió en el tiempo, por diferentes razones. Estuvo antes, está ahora y estará mañana en la memoria colectiva de quienes lo padecieron...
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No solo fue una jornada. No solo fue un mes. No solo fue un año.

Para los riotercerenses y, especialmente, para quienes perdieron a un ser querido o sufrieron heridas que llevan para siempre, lo sucedido en 1995, cuando estalló la Fábrica Militar, permanece aún fresco en la memoria.

Aún quienes apuestan al olvido como cicatrizante, no pueden evitar rememorar lo sucedido, si es que en esa jornada se encontraban en Río Tercero.

Fueron, entonces, 44 mil historias que partieron de la misma historia: la barbarie que atacó a una industria estatal y a la ciudad en la que estaba asentada.  

Si no puede comprenderse lo ocurrido hace 22 años, como algo que trascendió las fronteras no solo de los riotercerenses, sino también las del país, en un contexto internacional que generó semejante atrocidad, no puede dimensionarse el hecho en sí mismo. Tampoco puede ejecutarse un análisis racional, no considerando que se vivía en un contexto de desmantelamiento y demonización de todo lo estatal.

La Fábrica Militar, que se estableció en Río Tercero antes de mediados del siglo 20 fue (aún lo sigue siendo) la industria madre y uno de los motores económicos de la comunidad. Río Tercero se transformó en pueblo con el ferrocarril y pasó a ser una ciudad con el establecimiento estatal. De sus épocas de esplendor, cuando llegó a contar con dos mil agentes, en el prólogo del siglo 21, luego de los estallidos que la conmovieron, el plantel laboral apenas llegaba a los 196 trabajadores. 

La industria, cuya producción se divide en dos divisiones, mecánica y química, por entonces, luego de la voladura, observaba como el primer sector había sido prácticamente desmantelado. Si bien la fabricación de armas de guerra fue la génesis de su nacimiento, la elaboración de elementos con fines civiles en ambas plantas, también marcaría uno de sus perfiles productivos. Como ejemplo, basta citar la reparación y fabricación de vagones. La industria inclusive había generado el nacimiento de una escuela de aprendices, que luego de egresar pasaban a formar parte de la mano de obra calificada que tenía el establecimiento.

En la industria, además, claro, se producían proyectiles de guerra. Muchos de ellos, fueron los que volaron sobre la ciudad en 1995. En un contexto de achicamiento y falta de presupuesto, se produciría el estallido de la planta en donde eran cargados los mismos. Posteriormente explotarían los depósitos, galpones sin ninguna protección, que se encontraban junto al barrio Las Violetas.

Fueron tres estallidos que se escucharon a decenas de kilómetros y cuya onda expansiva avanzó sobre toda la ciudad. Los barrios cercanos serían los más afectados. A las 9 se producía la primera gran explosión; a las 9.15, la segunda; y a las 9.30, la tercera. Desde allí, la sucesión de estallidos menores, se propagaría durante toda la jornada del viernes 3 y en la tarde del sábado 4 con elementos que se encontraban diseminados en los predios de la planta. Miles de proyectiles de guerra y esquirlas, se esparcirían sobre la ciudad. Se producía, además, una evacuación espontánea de los vecinos a campos y poblaciones cercanas, mientras otros, resistían en sus casas, soportando el bombardeo de una guerra inesperada.

El viernes 24 de noviembre, dos semanas después, cuando la sociedad trataba de retomar la normalidad perdida, los proyectiles recolectados y acumulados en el polígono de tiro, estallaban, multiplicando el impacto emocional en la comunidad.

Con los meses, las heridas no se cerraron. Solo se disimularon. Y de la creencia en un accidente, se pasó a la convicción del atentado, que ratificaría la Justicia a casi dos décadas de lo sucedido. El primer juez instructor, Luis Rodolfo Martínez, de Río Cuarto, se mantendría en la teoría accidental, con tres hipótesis para el inicio del fuego que, según aquella presunción, habrían provocado el fuego provocando la primera gran explosión: el efecto lupa de los rayos del sol, generado por los vidrios del tinglado de la Planta de Carga, que habrían encendido la hojarasca del sector; la colilla de un cigarrillo en un tambor con trotyl; o las chispas del montacargas Yale número 13, que no contaba en su escape con el apaga llamas reglamentario.

Dos pericias, la de 1998 y la de 2003, derrumbarían las tres hipótesis. La querellante penal Ana Gritti, viuda de uno de los fallecidos, era quien recorría los pasillos de la Justicia y los medios insistiendo que no se había tratado de un hecho fortuito. El entonces exjefe de la Planta de Carga, Omar Gaviglio, imputado por estrago culposo, sostenía lo mismo, aportando, además, elementos de prueba, como documentación que había retirado luego de las explosiones, en donde constaba que había solicitado un mayor presupuesto para la seguridad. El juez Martínez lo absolvería.

En la pericia de 1998, la evaluación química del trotyl enviado desde Azul para colocar en el tambor, realizada en Villa María, determinaba que estaba adulterado. Se encontraba en el mismo rastros de aluminio, lo que propiciaría una rápida ignición, abonando la teoría accidental. Aquella prueba se realizaría finalmente con el trotyl extraído de los proyectiles que había despedido la industria.  

El perito oficial Marcos Sales, luego sorprendería con una conclusión inesperada. Según Sales, el operario que comandaba el montacargas había chocado el tambor y, por la fricción, se había encendido el material que se encontraba en el interior del mismo. El juez Martínez ordenaría una reconstrucción en el lugar del hecho. Al operario que manejaba el montacargas le ordenó que recreara lo que había sucedido en aquella mañana. Pasaría, una, dos, tres veces, a medio metro del tambor. La hipótesis de Sales se derrumbaría por efecto de la realidad.

La pericia de 2003, determinó que en el tambor se podría haber colocado otro elemento para que tomara fuego y detonara. El perito de parte de Gaviglio, Alfredo Hraste, había señalado previamente que el fuego había sido una cortina de humo, pero no el motivo de la explosión del tambor. Es más, señalaba que antes de ser rápidamente limpiado el sector, se habían tapado dos cráteres, oportunamente fotografiados. Los mismos, sostenía el técnico, demostraban la existencia de una explosión y una contra explosión para direccionar el estallido hacia la ciudad.

En el juicio de 2014, los magistrados del Tribunal Oral, le otorgarían la razón a Gritti y Gaviglio: la industria había sido el centro operativo de un contrabando de armamentos y las explosiones, el móvil para borrar las pruebas del faltante de proyectiles, producto de ese ilícito. Además, concluían que las explosiones, tal como lo habían planteado los peritos en 2003, habían sido direccionadas hacia el sector urbano, como lo había sostenido Hraste, para que no afectaran a las plantas químicas, lo que hubiera provocado una tragedia aún mayor. En aquella pericia, además, se había concluido que la falta de inversión en la industria, había sido el escenario propicio para que se hubiera perpetrado el atentado. 

En 2014, como está señalado, se desarrolló aquel juicio. Fueron condenados cuatro exmilitares que habían tenido cargos jerárquicos tanto en la industria como en la Dirección General de Fabricaciones Militares. El expresidente Carlos Menem no se encontraba en el banquillo de los acusados. Había sido sobreseído por una cámara federal. La Cámara Nacional de Casación, en 2017, revertiría esa medida.   

Un año después de la voladura, el Gobierno, bajo una denominada "reconversión laboral", había decidido despedir a 424 trabajadores de la industria. 

Luego, se intentarían vender predios de la misma. Muchos denunciaban que aquello sería el inicio del camino hacia la total privatización de la planta estatal. El gremio de ATE se oponía, sosteniendo que se estaba propiciando, con aquella operación, un millonario negocio inmobiliario. Paradójicamente, lo ocurrido en 1995, evitaría que esa venta se produjera. Por estar los predios bajo investigación judicial, no podían ser vendidos por el Estado Nacional. La industria, como la ciudad, se encontraban aún conmocionadas por lo sucedido. Todo estaba demasiado fresco en la memoria.

Luego de 2003, se comenzaría a recuperar el sector metalmecánico. En la fábrica, además, ya no se cargaban proyectiles. La posibilidad de reparar (algo que está ocurriendo) y fabricar vagones (algo que no ocurrió), con una inversión millonaria, además de la elaboración de otros elementos, potenciaron esa área de la industria, que se encontraba abandonada. De 196 trabajadores se pasó a más 500, la mayoría contratados. La continuidad de esos puestos y contratos es por lo que actualmente se está reclamando. De hecho, para estos 22 años, en Buenos Aires, no solo los empleados de esta fábrica, sino del resto del complejo de Fabricaciones Militares, previeron movilizarse solicitando la continuidad productiva y laboral.

Por otra parte, la causa civil, en donde miles de riotercerenses le reclamaron al Estado por daños físicos, morales y psicológicos, se transformó en una ley de adhesión voluntaria (los demandantes desistieron de la acción judicial), aprobada y promulgada en 2015. Hasta hoy no está en vigencia. Nunca fue reglamentada.

A 22 años de lo sucedido, no es sencillo comprender lo que trascendió en el tiempo, con millones de esquirlas que hirieron no solo cuerpos, sino miles de almas. Es imposible hacerlo si no se considera el contexto del antes, el durante y el después de la "voladura" o las "explosiones", eufemismos utilizados por los medios y parte de la sociedad para calificar aquel atentado. Aquellas explosiones, sin dudas, surgieron de la corrupción enquistada en el poder, pero también de un desguace en los '90 de todo lo que fuera estatal, además de un esquema geopolítico internacional que tuvo a la industria y a la ciudad como a dos de sus víctimas.

Siete muertes directas, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales, dejó aquel hecho, aún impune. 

En este presente nadie está detenido por lo ocurrido, más allá de la sentencia y condena de un tribunal federal hace tres años, ya que existen apelaciones en curso. Hasta 2016, en la Departamental Tercero Arriba de la Policía, por orden de la Justicia, se encontraba aquel montacargas Yale Número 13, el sospechado de causar con las chispas de su escape semejante desastre. El tiempo demostró que no era el responsable. Sin embargo, es el único que cumple una condena.   

Fabián Menichetti

Locutor M.P 7724 - Periodista - Editor de Revista Tercer Río y Tercer Río Noticias. Conductor programa Pensar en Nada, Mestiza Rock 92.1 Río Tercero / 99.7 Villa María - Autor de los libros: Noviembre (1997) y Esquirlas de Noviembre (2011)

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